Resumen: El demandante ha venido prestando sus servicios laborales como Profesor Ayudante en una Fundación Universitaria con un contrato temporal para obra o servicios determinado. Impugna su cese por considerar que la relación labora debe calificarse de fraudulenta y con ello indefinida por lo que su cese sería un despido improcedente. Por el Juzgado de lo social se desestima la demanda e interpuesto recurso de Suplicación se desestima. Se argumenta por la Sala que la finalidad principal del contrato suscrito era la de completar su formación docente e investigadora al estar admitido en estudios de doctorado, por lo que, sin perjuicio de que se llevase a cabo la referida actividad docente y práctica, el contrato era de naturaleza temporal, sin que conste que su formación se hubiese visto perjudicada, lo cual implica que la finalidad prevista en el contrato no se ha visto alterada, ni se ha utilizado para que se realizasen tareas diferentes a aquellas entendiendo en consecuencia que la relación laboral no puede calificarse de fraudulenta y por lo tanto el cese es ajustado a derecho.
Resumen: Injurias. Agravante; discriminación por motivos de orientación sexual. Una mujer comienza a increpar a una pareja de homosexuales que estaban comiendo en un restaurante, llegando a alterar el orden con sus insultos y afectar gravemente la dignidad de los destinatarios de sus insultos. Se solicita sea castigado como delito de odio, que se excluye porque implicaría agravar la sentencia inicial, lo que implicaría revalorar su intencionalidad. La concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, la razonabilidad de las inferencias a partir de las cuales el órgano a quo llega a su conclusión sobre la inexistencia de dolo, u otro elemento subjetivo del tipo, que no precisará de la garantía de inmediación, si deberá venir presidida por la previa audiencia al acusado. Responsabilidad civil; no fue solicitada en la instancia, por lo que no es admisible que se introduzca esa petición por vía de recurso. El principio de preclusión, impide que puedan introducirse en la alzada nuevos hechos o peticiones que modifiquen los términos en que quedó establecido el debate procesal, por vedarlo el principio de seguridad jurídica y el de la proscripción de la indefensión. Pena de multa; se solicita la fijación de la cuota diaria mínima. Toda pena incluida la de multa debe cumplir una función de prevención general positiva. Ante el déficit probatorio se entiende correcta su fijación entre 6-10€.
